El grupo considera a la ciudadana española «víctima de violencia obstétrica, un tipo específico de violencia que experimentan las mujeres en los centros de salud durante el parto, un fenómeno generalizado, sistémico y arraigado en los sistemas de salud». El caso pide a España que proporcione una «indemnización adecuada por daños físicos y psicológicos» a la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.
Según las pruebas reunidas por el equipo, la víctima fue inducida prematuramente por el hospital, que «no le proporcionó información sobre las alternativas disponibles». Luego fue “enviada a quirófano sin justificación médica, durante la operación le amarraron las manos y su esposo no pudo acompañarla.
Cuando nació el bebé, la mujer no pudo sostenerlo en sus brazos porque “todavía estaba atada a los mismos patrones”. Después de dar a luz, le diagnosticaron trastorno de estrés posparto, el grupo instó a España a respetar «la autonomía y la capacidad de las mujeres para permitirles tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva». Información completa en cada etapa de la entrega”.
Además, el grupo solicitó al Gobierno español que «obtenga su consentimiento libre, previo e informado para cualquier tratamiento invasivo durante el parto». “Si los médicos y enfermeras hubieran seguido todas las normas y protocolos aplicables, es posible que la víctima hubiera dado a luz de forma natural”, dijo Hiroko Akizuki, una de los 23 miembros del comité.
Tras examinar la denuncia, el panel de expertos señaló que la víctima se enfrentó a «estereotipos de género y discriminación» cuando llevó el caso a los tribunales españoles.
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