La ONU ha pedido a España que indemnice a una mujer que estuvo atada durante el parto

Foto: AFP / HAZEM BADER

Una mujer sometida a inducción de parto prematuro y cesárea mientras tenía las manos atadas sin su consentimiento debe ser indemnizada por el gobierno español por la víctima de violencia de maternidad, ha dicho la Convención de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

El grupo considera a la ciudadana española «víctima de violencia obstétrica, un tipo específico de violencia que sufren las mujeres en los centros de salud durante el parto, un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas sanitarios». El caso pide a España que proporcione una «indemnización adecuada por daños físicos y psicológicos» a la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.

Según las pruebas recabadas por el equipo, la víctima fue inducida prematuramente por el hospital, que “no le proporcionó información sobre las alternativas disponibles”, tenía las manos atadas y su esposo no podía acompañarla.

Cuando nació el bebé, la mujer no pudo sostenerlo en sus brazos porque «todavía llevaba los mismos patrones». Tras dar a luz, le diagnosticaron trastorno de estrés posparto, el grupo instó a España a «respetar la autonomía y capacidad de las mujeres, permitirles tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva y brindarles la misma de forma plena». Información en cada etapa de la entrega”.

Además, el grupo solicitó al gobierno español que «obtenga su consentimiento libre, previo e informado» para cualquier tratamiento invasivo durante la atención prenatal. «Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todas las normas y protocolos aplicables, es posible que la víctima hubiera dado a luz de forma natural», dijo Hiroko Akizuki, una de los 23 miembros del equipo.

Tras revisar la denuncia, el panel de expertos señaló que la víctima se enfrentó a «estereotipos de género y discriminación» cuando llevó su caso a los tribunales españoles.